Las prohibiciones para que las mujeres tengan abortos perjudican a todas las mujeres independientemente de la política, creencias religiosas, y sin importar si alguna vez han tenido o no abortos, o si alguna vez tendrán abortos.
Las disposiciones de acuerdo a la condición personal fijan las bases legales para esta legislación anti-aborto definiendo fetos, embriones, y óvulos fertilizados como entidades legales independientes separadas de la mujer que las lleva, alimenta y mantiene.
Esta definición se convierte en la justificación para violar la dignidad, autonomía, personalidad, integridad corporal y la vida de todas las personas con capacidad reproductiva.
La National Advocates for Pregnant Women (NAPW) explica cómo la legislación anti-aborto está prevista para prohibir que el aborto sea usado para controlar los cuerpos de las mujeres en situaciones que no tienen nada que ver con el aborto.
«Basándose en al creencia de que ella tenía una obligación de darle al feto la oportunidad de vivir, un juez en Washington, D.C., le ordenó a una mujer gravemente enferma de 27 años que tenía 26 semanas de embarazo que se sometiera a una operación cesárea, entendiendo que esto podía matarla».
Ni la mujer ni el bebé sobrevivieron.
En Iowa, una mujer embarazada que se cayó por las escaleras fue reportada a la policía después de buscar ayuda en el hospital. Fue arrestada por «intento de homicidio fetal».
En Utah, una mujer dio a luz a gemelos, uno de los dos nació muerto. Los proveedores de atención médica creyeron que el bebé muerto era resultado de la decisión de la mujer de retrasar la cesárea. Fue arrestada con cargos de homicidio fetal.
En Louisiana, una mujer fue al hospital por un sangrado vaginal inexplicable y fue encarcelada por más de un año con cargos de asesinato en segundo grado antes de que los informes médicos revelaran que había sufrido un aborto espontáneo en las semana 11 – 15 del embarazo.
De acuerdo a la (NAPW) ha habido tres casos por todo el país donde estas leyes han sido usadas para fundamentar ignorando las necesidades médicas de las mujeres embarazadas y la toma de decisiones médicas porque el estado afirma tener el interés de «proteger» el feto dentro de ellas.
Las mujeres con embarazos deseados han tenido que tolerar operaciones de cesárea ordenadas por la corte. Otras han sido perseguidas por tener un mortinato o un aborto espontáneo sin ninguna evidencia de qué hizo terminar el embarazo. Como la NAPW afirma, si un estado puede «prohibir el aborto en algún momento durante el embarazo y forzar a una mujer a que lleve un embarazo no deseado hasta el final, entonces seguramente el estado también puede obligar a una mujer a que se someta a procedimientos médicos importantes para que de a luz al niño que ella afirmativamente desea tener».
Estas no son mujeres que buscan interrumpir su embarazo. Son mujeres con embarazos deseados, a las que se les niegan sus derechos debido a las leyes que están destinadas a prohibir ciertos tipos de aborto.
Según la NAPW: “Si queremos terminar estos arrestos injustos e inhumanos y estas intervenciones forzosas en mujeres embrazadas, necesitamos dejar de enfocarnos solo en la cuestión del aborto y comenzara trabajar para proteger la personeidad de las mujeres embarazadas.
Debemos estar en capacidad de trabajar por todo el espectro de opiniones sobre el aborto para unirnos en al defensa de un principio básico: que en ningún punto de su embarazo una mujer debería perder sus derechos civiles y humanos».
